Amnistía Internacional saludó, en un comunicado divulgado ayer (20), la reciente presentación del informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro que investiga las actividades de milicias en el estado, que ya comienza a tener repercusiones entre las organizaciones internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional resaltó que el trabajo de la Comisión se realizó bajo fuerte riesgo personal de sus participantes y es un primer paso en la lucha contra la expansión de grupos parapoliciales.

La estimación actual es que esos grupos controlan 170 comunidades en Río de Janeiro, administrando actividades de tipo mafioso, cobrando "tasas de seguridad", asumiendo el control de negocios locales tales como el transporte, distribución de gas y servicios piratas de televisión por cable, así como empleando la violencia e intimidaciones contra aquellos que denuncian sus actividades ilegales.

De acuerdo con Amnistía, diputados estatales ligados a las milicias formaron corrales electorales en los que los electores son conquistados por medio de la intimidación y de la prohibición del acceso a los candidatos de la oposición. Por lo menos 17 servidores públicos recibieron amenazas de muerte de las milicias y de las pandillas de delincuentes, entre los cuales hay tres jueces, siete promotores, cinco delegados de policía y el presidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación que investiga as milicias.

La investigación se inició en junio de este año después que las milicias que controlan la favela (villa miseria) de Batan, en la zona oeste de Río, secuestraron y torturaron a tres reporteros del diario O Dia y a un vecino del lugar. La investigación reveló las extensas conexiones existentes entre policías corruptos, milicianos, diputados estatales y concejales. Como consecuencia de esta investigación, fueron detenidos varios líderes clave de las milicias, entre los cuales se encuentra un diputado estatal.
 
"Amnistía Internacional insta a las autoridades para que actúen sobre las constataciones del informe, investigando profundamente las denuncias, que incluyen desde extorsión hasta homicidio, realizadas contra 150 personas -entre policías, agentes penitenciarios, políticos y empresarios- por sospecha de estar involucrados con las milicias. Amnistía Internacional exhorta a las autoridades a continuar suministrando protección adecuada a los miembros de la CPI, muchos de los cuales sufrieron amenazas de muerte e intimidaciones como consecuencia directa de su trabajo", afirma el comunicado.

El informe de la Comisión fue aprobado el último 13 de noviembre en sesión cerrada. El documento, con más de 300 páginas, analiza las declaraciones recogidas y presenta propuestas para el área de Seguridad Pública. Durante 150 días, la CPI escuchó a profesionales de la Seguridad Pública, especialistas en el área, personas señaladas por el Ministerio Público Estatal y por la Secretaría de Estado de Seguridad, representantes de cooperativas de transporte colectivo y de TVs por abono, entre otros.

La votación del informe en el plenario va a tener lugar antes de que termine noviembre. Después de aprobado, el documento será enviado al Gobierno del Estado, a la Secretaría estatal de Seguridad y al Ministerio Público, para que esos órganos puedan dar continuidad a las investigaciones. Una delegación de Amnistía Internacional estará en breve en Río de Janeiro para recibir una copia del informe, para continuar ejerciendo presión sobre los gobiernos estatal y federal a fin de que implementen las recomendaciones de la CPI.