POCO, POCO CAMBIA

El caso de Víctor Toro, un ex dirigente del MIR chileno que hace 26 años vive sin papeles en Estados Unidos y está siendo juzgado en ese país, es visto por movimientos sociales estadounidenses como un signo de que muy poco ha cambiado en la política nacional

El 6 de julio de 2007 Víctor Toro fue arrestado por la Patrulla Fronteriza de EE.UU. en la estación de Rochester, en Nueva York, cuando volvía de una gira de unos ocho meses por varios estados observando y denunciando la situación de los inmigrantes indocumentados. A los pocos días fue dejado en libertad mediante el pago de una fianza de 5.000 dólares, ya que debía enfrentar la acusación de violar el Acta de Inmigración y Naturalización de ese país. Un año después el Departamento de Seguridad Nacional -basándose en documentos desclasificados de la CIA y de la DINA, la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet- agregó la acusación de haber integrado una organización terrorista.

Toro inició su militancia a los 14 años, hoy tiene 69. De origen muy humilde, encabezó tomas de terrenos en los sesenta y setenta e ingresó al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) a los 23 años. En esta organización fue encargado de los movimientos de obreros, campesinos, pobladores, mujeres y estudiantes. Tras el golpe de 1973, junto a Miguel Enríquez, Carlos Altamirano y otros líderes históricos de la izquierda chilena, Toro fue de las 13 personas más buscadas por la dictadura militar hasta su detención en abril de 1974. Estuvo desaparecido un año y fue torturado en varias unidades militares.

A fines de 1976, la presión internacional obligó a la Junta Militar chilena a cerrar algunos centros de detención, como el Estadio Nacional y los campos de concentración de Tres, Cuatro y Cinco Álamos, Ritoque y Chacabuco, los más conocidos. Fueron liberados así algunos miles de presos, en un total de 70.000 detenidos hasta ese momento, pero la dictadura elaboró una lista de unas 16 personas que no podían permanecer en Chile. Víctor Toro fue incluido en la lista; el único país que se dispuso a recibirlo fue Cuba, que había roto relaciones con el régimen de Pinochet, por lo cual viajó primero a Suecia, donde se encontraban sus hijos y su ex-esposa.

"Me sacaron del campo de concentración directamente para el avión, solo con un papel que me autorizaba a salir del país", dice Víctor Toro. "Fuimos el primer grupo pesado que salió de Chile y dimos las primeras versiones de lo que estaba ocurriendo", agrega. Desde Suecia, Toro viajó a otros países europeos y testimonió ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Ya en Cuba, Víctor Toro recibió un pasaporte como asilado político y pudo viajar hacia otros países, inclusive de América Latina, en campañas de solidaridad con la resistencia chilena.

VUELTAS En 1979 el Comité Central del MIR efectuó en Cuba una reunión para discutir la política de retornar clandestinamente a Chile. "Otros miembros y yo criticábamos esta y otras políticas tal como eran concebidas por la dirección. A pesar de nosotros éramos mayoría, los principales dirigentes siguieron en la Comisión Política y, al poco tiempo, decidieron expulsarme. Empezamos a sacar un boletín, pero al discrepar con la dirección del MIR entramos en contradicción también con el Partido Comunista cubano. Vimos que no se podía proseguir esa polémica desde afuera del MIR estando en Cuba y que había que buscar las formas de ir a otro país", explica Toro. Primero fue hacia Nicaragua y después a México, con visas de asilo transitorio.

Sus actividades pasaron a ser seguidas por los servicios de inteligencia de México, de algunos países centroamericanos en conflicto y de la propia dictadura chilena. "Era fácil ver que buscaban infiltrarnos, perseguirnos y no sé qué más. Detectamos a oficiales de la DINA como Michael Townley, que intervino después en el asesinato en Washington del ex canciller Orlando Letelier. Casi tuvimos que pasar a la clandestinidad, hasta que en 1984 decidimos venir aquí con la idea de eludir la represión que veíamos detrás".

Toro hizo giras por todo Estados Unidos y en setiembre de 1987 fundó La Peña del Bronx, un centro cultural y político de apoyo a los inmigrantes latinoamericanos en el barrio más pobre de Nueva York. "Al llegar aquí había una amnistía - comenta -, pero no podía ir a una oficina de inmigración cuando sabíamos el apoyo de Estados Unidos al golpe militar en Chile. Luego, si bien cambiaron un poco las cosas en Chile, aquí vivimos el 'bushismo', en donde la alianza entre la ultraderecha estadounidense y la latinoamericana fue más estrecha aún. En tales condiciones, no podía pensar en una solución legal para mi caso, había que esperar unos cambios".

MIEDO "La crisis que vive Estados Unidos está afectando a millones de personas - expresa Víctor Toro -. La inmigración es una cuestión candente sin resolver desde las movilizaciones masivas de 2006. A Bush le sirvió el fantasma del terrorismo que él mismo creó, se creyó que Obama terminaría con esa fanfarria, pero la sigue usando porque genera miedo. Al transformar el juicio de un inmigrante indocumentado en un juicio contra el terrorismo se busca frenar el ascenso de este movimiento. Bush decía abiertamente lo que hacía, pero Obama aplica una política silenciosa en la que ya son más de 500 mil los deportados en menos de un año de su gobierno. Esto es una farsa para los que votaron por su promesa de solución al problema migratorio. Este juicio involucra a toda la herencia política del 'bushismo' en Estados Unidos, con sus puntas de lanza políticas y militares a nivel continental y mundial".

En la primera audiencia del juicio, el 11 de enero último, Toro testificó durante casi ocho horas ante la jueza Sarah Burr, interrogado por su abogado Carlos Moreno y por el fiscal Jeffrey E. Blivaiss. En la segunda audiencia, el 20 de mayo, hablarán los testigos llamados por las partes, que incluyen a personalidades destacadas en la defensa de los derechos humanos en Chile y Estados Unidos. Al final de esta audiencia, Burr deberá dictar sentencia.

Si el chileno es expulsado, Estados Unidos tiene un problema adicional: Toro está legalmente muerto y no podría ser devuelto a Chile, pero tampoco será fácil que otro país lo acepte si es condenado por terrorismo. En 1980 le dijeron que figuraba como fallecido en Chile y, a través del Arzobispado, verificó que la información había aparecido en el obituario del diario El Mercurio. "La dictadura utilizó a mi madre, una pobladora analfabeta, para supuestas gestiones. Entonces decían: 'lo buscamos en Bélgica y no está', 'en Alemania tampoco', 'su mamá no tiene noticias desde el año tal...'".

Los servicios de inteligencia chilenos fraguaron la muerte legal de Toro, previendo que si retornaba al país (sabían de la política de retorno implementada por el MIR) podrían capturarlo, torturarlo y matarlo sin dar cuentas a nadie. El fraude no se corrigió con los gobiernos de la Concertación. Cuando visitó Estados Unidos en junio último, la presidenta Michelle Bachelet se encontró con la esposa de Víctor Toro, Nieves Ayress, ella también expulsada de Chile en 1976 y ex compañera de colegio de la mandataria. Bachelet le prometió resolver el caso, pero el 29 de diciembre, Víctor Toro recibió una carta del gobierno diciéndole que "ha comprobado que existe un certificado de defunción por muerte presunta" y que mientras él no aclare esta situación no puede acceder a la compensación económica otorgada a los ex presos, como existe en Argentina y Uruguay.

Más allá de esta actitud oficial, que solo debía anular un documento a todas luces falso, Toro denuncia la complicidad con el juicio que se le instruye en Estados Unidos. A su criterio, la CIA no podría haber elaborado la información para la acusación del fiscal estadounidense sin el apoyo de las autoridades chilenas, en especial del embajador en Washington, José Goñi.

(RECUADRO)

Con el abogado Carlos Romero

"SE USA LA LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA PARA EXPULSAR A OPOSITORES"

Romero es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, que prepara abogados para prestar servicios a personas de escasos recursos y sin privilegios. Ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos y ha representado a disidentes políticos en Estados Unidos, así como en Chile, Brasil, Paraguay, Francia e Italia.

- Este caso es muy particular porque, aunque la acusación de terrorista esta de moda hoy en los Estados Unidos, se trata de un alegado terrorismo latinoamericano con raíces históricas. En su mayoría, las personas que he defendido después del 11 de setiembre de 2001 eran oriundas de Pakistán, Afganistán, Palestina y otros países árabes o islámicos. Aclaro que las acusaciones que yo enfrenté eran infundadas y motivadas por el estado de histeria antiterrorista que sacude al país. Pero hay un denominador común, el uso de la legislación antiterrorista, para expulsar a opositores de la política oficial. La deportación en 2009 de Pol Brennan, ex-miembro del Ejército Republicano Irlandés (IRA), corrobora esa conclusión que contradice el cacareado estado de derecho que supuestamente existe en este país. La acusación de terrorismo tiene el efecto de negar al inculpado el derecho a un debido proceso y la posibilidad mínima de un juicio imparcial.

- ¿Cómo se sitúa este caso en el marco de la persecución a los indocumentados?

- Aunque tiene mucho en común con los millones de indocumentados existentes en este país, Víctor está siendo procesado también por alegada integración de una organización terrorista. Esto se llama persecución política, no persecución a inmigrantes indocumentados. Debe recordarse que Víctor fue encarcelado, torturado y expulsado de Chile por un gobierno ilegal y terrorista, financiado y logísticamente apoyado por Estados Unidos. Lo mínimo que este país debería hacer es otorgarle asilo político para compensar de alguna manera su apoyo descarado a un régimen que derrocó a un gobierno democráticamente electo y que asesinó a miles de chilenos. También hay que destacar la doble moral de Estados Unidos, que acusa a Toro de terrorista y alberga al cubano Posada Carriles, terrorista confeso cuya extradición es solicitada por varios países.

- Y ¿en el contexto de la política internacional de EE.UU.?

- La conducta de la fiscalía federal es una manifestación directa de la política internacional del país, embarcado en ocupaciones militares en Irak y Afganistán y en acciones solapadas en Pakistán, Irán y Colombia, para mencionar algunas. Víctor es un opositor público de esa política, tanto que así lo manifestó durante su testimonio en enero pasado. El empeño por deportarlo tiene que ver con la concepción de promover la seguridad nacional silenciando a los que se oponen a dicha política. El gobierno ha resucitado documentos desclasificados de la CIA para intentar desprestigiar a Víctor y al MIR, una organización que luchó por los mejores intereses del pueblo chileno. En Chile hubo terrorismo, pero no lo practicó el MIR, sino la DINA, el grupo fascista Patria y Libertad y la CIA. El MIR resistió al terrorismo de estado de la dictadura de Pinochet.

- ¿Qué perspectivas le ve a este proceso?

- Tenemos testigos de credenciales contundentes e impecables como Peter Winn, egresado de la Universidad de Cambridge y profesor de Historia en la Universidad de Tufts, J. Patrice McSherry, graduada de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y autora del libro "Estados depredadores" (2005), una experta en la Operación Cóndor, y Temma Kaplan, profesora de la Universidad de Rutgers. El caso se encuentra en una corte federal administrativa, probablemente pase a la Corte Federal de Apelaciones y eventualmente a la Corte Suprema.

[Publicado en el Semanario Brecha, de Montevideo, Uruguay, el 12/2/10]