El Colectivo por la Defensa del Derecho a la Vivienda en Haití, constituido por siete organizaciones locales, está poniéndose al frente de esta lucha y reivindicando que el Gobierno Nacional y el lugar, Puerto Príncipe, se manifiesten en el sentido de tomar medidas inmediatas para amparar a las víctimas e investigar los delitos. El Colectivo pide que las autoridades velen por la vida y por la seguridad de la población desamparada y no se quede de brazos cruzados mientras ocurren nuevos incendios.

En un comunicado publicado por el Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (Garr), organización integrante del Colectivo por la Defensa del Derecho a la Vivienda, desde febrero y hasta el 18 de marzo se registraron por lo menos cinco incendios sospechosos, que dejaron seis víctimas fatales, entre niños y adultos, y destruyeron más de 160 carpas, dejando decenas de familias nuevamente desamparadas.

Los integrantes del Colectivo critican la indiferencia y el silencio de las autoridades, que hasta el momento no se manifestaron para dar asistencia a las víctimas en peligro, incluso ni siquiera para informar lo que está sucediendo y lo que se hará para terminar con estos episodios de incendios criminales. Las sospechas son que los delitos están siendo ejecutados para obligar a los desamparados a desocupar los inmuebles donde están montados los campamentos.

"Ninguna medida ha sido tomada por el comisario del Gobierno, que a menudo le gusta recordar su intención de establecer el orden, el Comisionado apenas ha pasado instrucciones al magistrado por un hallazgo que podría ayudar en la búsqueda de las manos criminales que serían el origen de estos incendios”, criticaron.

El Colectivo señala que existe la necesidad de que brigadas de la policía refuercen la seguridad alrededor de los campamentos y prevenir así otros incendios, pero señala que hasta el momento esta seguridad no llegó. También está pendiente el servicio de tramitación de nuevos documentos esenciales como certificado de nacimiento y documento de identidad, que se convirtieron en cenizas después de los incendios. La obligación es del Ministerio de Justicia, pero éste todavía no se manifestó.

"Como miembro de las Naciones Unidas, Haití tiene que ver con las directrices que rigen las personas desplazadas y víctimas de desastres a los cuales se les debe garantizar el derecho a la vida y la seguridad ciudadana. Las autoridades haitianas tienen la responsabilidad de asumir, por lo tanto, sus responsabilidades al respecto”, dice el comunicado del Garr.

De inmediato, el Colectivo pide que las autoridades de Puerto Príncipe pongan en marcha un plan para detener cualquier acto delictivo contra los habitantes de los campamentos y pide también que tomen medidas para garantizar la seguridad de las víctimas. Un primer paso para resolver los problemas sería conocer la situación a que están expuestos los desamparados y desamparadas.

La población del país, grupos, instituciones y organizaciones de dentro y fuera de Haití también están siendo convocadas a prestar solidaridad a las familias desamparadas que desde el 12 de enero de 2010 no consiguen ver que su sufrimiento tenga un final.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com