La Consejería de Mujer, Familia y Generación de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), integrante de la CAOI, presentó a la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Violencia Sexual en el Marco de Conflictos Armados, el informe Mujeres Indígenas, víctimas invisibles del conflicto armado en Colombia: la violencia sexual, una estrategia de guerra, en el que muestra que junto con las fuerzas militares y policía, hacen presencia (en territorios indígenas) grupos armados ilegales, paramilitares y guerrilleros, que también han hecho de nuestros cuerpos un botín de guerra.

En solo ocho páginas, el informe presentado a Margoth Wallström sustenta como las mujeres indígenas también sufrimos las consecuencias y el impacto del conflicto armado interno que vive el país y que ha hecho de los pueblos indígenas las principales víctimas de la guerra y la disputa por territorios de gran riqueza por su biodiversidad, recursos bioenergéticos y mineros. Esta confrontación ha traído consigo la militarización casi total de nuestros territorios. Las mujeres sufrimos estos impactos por ser mujeres y por ser indígenas, somos objeto de múltiples discriminaciones que se entrecruzan y nos hacen altamente vulnerables.

Para las mujeres indígenas, señala el Informe, una de las preocupaciones mayores tiene que ver con el impacto que está causando en nuestras vidas y en nuestros cuerpos la presencia de los tantos actores que están en la confrontación y que invaden nuestros territorios: concesiones para la explotación minera, la implementación de los grandes megaproyectos minero energéticos o de infraestructura, en su gran mayoría sin agotar el procedimiento obligatorio de la consulta previa (libre, informada y con consentimiento), una constante en este gobierno en el marco de la implementación de las "locomotoras del desarrollo” del Plan Nacional de Desarrollo.

Esto ocurre porque para el gobierno nacional y el capital transnacional, los territorios indígenas no son más que una fuente de recursos energéticos, minerales y ambientales, lo que se constituye en una amenaza permanente a la integridad y pervivencia física y cultural. Existen en Colombia por lo menos 32 pueblos en grave riesgo de extinción física y cultural, según lo reconoce la misma Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009.

Uno de los impactos es el desplazamiento forzado constante, que ha facilitado procesos de ocupación ilegítima y el despojo territorial a los indígenas por parte de grandes terratenientes, grandes empresas, grupos paramilitares, interesados en megaproyectos minero-energéticos y agrícolas. Entre 2007 y 2010 fueron desplazados más de 79 mil indígenas de sus territorios; según la ONIC a diciembre de 2011 se registraron 33 eventos de desplazamiento de miembros de pueblos indígenas, que ascienden a 5327 personas. Principalmente son niñas, niños y mujeres quienes son desterrados, mujeres viudas y mujeres cabeza de hogar. La constante por parte del Estado colombiano es la omisión en materia de atención en estas situaciones.

Las muertes violentas son otro factor que afecta enormemente la vida de los pueblos indígenas colombianos: entre el 2002 y 2009 fueron asesinados más de 1.400 indígenas y según la ONIC entre enero a noviembre de 2011 se presentaron 111 homicidios, de los cuales las cifras oficiales sólo reconoce 79, lo que indica un aumento del 8% frente al año anterior.

Violencia sexual

El Estado colombiano, en lugar de garantizar el respeto a la vida y los derechos de los pueblos indígenas, brinda protección a las empresas que operan megaproyectos, instalando batallones en territorios indígenas. Un caso citado en el Informe es el de Cumaribo-Vichada, donde la presencia del Batallón de Infantería 43 ha traído la violencia sexual, la creciente prostitución que involucra a niñas indígenas, los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual.

En este contexto la mayor, más dolorosa y silenciada situación que viven las mujeres indígenas está ligada a la violencia sexual. Realidad poco documentada, no cuantificada, no existen datos que hablen fielmente de esta realidad, se oye con cierta frecuencia de denuncias que luego desaparecen porque no ‘era cierto’, ‘era una mala interpretación de los hechos’, ‘se lo imaginaron’, subraya el Informe de la Consejería de Mujer.

Entre los casos que presenta está el de una niña de 13 años del Pueblo Sikuani, que en enero del 2011 salió de su casa y la última que la vieron estaba con unos militares, quienes la raptaron y la violaron. El día 7 de agosto de 2011, entre los Resguardos Abejero y Capa-Lana, del municipio del Carmen de Atrato, Chocó, fue desaparecida María Cecilia Bailarín Domicó, indígena Embera de 17 años de edad, madre de una menor de cuatro años, quien además estaba embarazada. Las comunidades de esta zona junto con la Guardia Indígena hallaron el cuerpo sin vida de la joven, quien también fue víctima de violencia sexual. En diciembre del mismo año, tres mujeres del pueblo Awá fueron víctimas de violencia sexual, una de ellas de apenas doce años de edad.

Recomendaciones

Tras la presentación de muchos otros casos, el Informe presenta una serie de recomendaciones, entre las que destacan:

- El respeto a los territorios, gobiernos, autoridades y autonomía de los Pueblos Indígenas.
- El acatamiento y cumplimiento de las recomendaciones emitidas por diferentes instancias del sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la CIDH.
- Respuesta inmediata e investigación a los comunicados y denuncias por hechos de hostigamiento, amenazas y violación a derechos humanos en las comunidades indígenas, y en especial de las mujeres, niñas y adolescentes indígenas.
- Que la justicia ordinaria tome en cuenta la cosmovisión de los pueblos indígenas y la existencia de peritos especializados que permitan identificar las particulares afectaciones de la violencia sexual en mujeres indígenas.
- Realizar las investigaciones, castigo y encarcelamiento de los perpetradores de violaciones de derechos humanos, en especial a quienes han atacado a la niñez y las mujeres indígenas.
- La desmilitarización de los territorios indígenas y la salida de todos los grupos armados, así como el desmantelamiento de las estructuras paramilitares que siguen operando en territorios indígenas.
- El establecimiento de programas concertados adecuadamente de atención a las mujeres y niñas que han sido agredidas sexualmente y con otras formas de violencia, que proporcionen una reparación integral, comenzando por el respeto a nuestras autoridades, gobierno y formas tradicionales de vida.
- Garantizar el retorno de las mujeres indígenas desplazadas, sus familias y comunidades con todas las garantías de seguridad y dignidad.
- Que las autoridades mujeres indígenas sean tenidas en cuenta y estén presentes en el acompañamiento a las mujeres indígenas víctimas de violencia sexual, asegurando una estrategia de apoyo desde lo cultural y espiritual.
- Que se generen los mecanismos adecuados para la Coordinación de la justicia propia y ordinaria como medida para asegurar el acceso efectivo a la administración de justicia y superar la impunidad en los casos de violación de derechos a las mujeres indígenas.
- Establecimiento de mecanismos de exigibilidad, vigilancia y control en especial de la información, relacionada con los casos de violaciones a los derechos humanos de las mujeres indígenas.
- Establecimiento de protocolos y mecanismos de vigilancia sobre el desarrollo de megaproyectos en (o cerca) de territorios indígenas.

[Informe completo en: http://cms.onic.org.co/wp-content/uploads/downloads/2012/05/informe-violencia-sexual-mujeres-ind%C3%ADgenas-Colombia.pdf]

Mayo 28 del 2012,
Comunicaciones CAOI