"El país debe seguir blindándose para luchar contra el tráfico de personas” sostuvo el congresista. Por su parte la diputada Rita Chaves Casanova del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), aseguró que este proyecto —junto con el de tráfico de órganos— servirá para proteger a la población más vulnerable del país.

De acuerdo con lo que indica el proyecto se sanciona con pena de prisión de seis a diez años a quien promueva, facilite o favorezca la entrada o salida del país, o el desplazamiento dentro del territorio nacional, de personas de cualquier sexo para realizar uno o varios actos de prostitución o someterlas a explotación, servidumbre sexual o laboral, esclavitud o prácticas análogas, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de órganos o adopción irregular.

La pena de prisión será de ocho a 16 años, si la víctima es menor de 18 años de edad o se encuentra en una situación de vulnerabilidad o discapacidad; si hay engaño, violencia o cualquier medio de intimidación o coacción; si el autor es el cónyuge, conviviente o pariente hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad.

Igualmente si el responsable tiene una relación de autoridad o confianza con la víctima o su familia, medie o no relación de parentesco; si se aprovecha del ejercicio de su profesión o de la función que desempeña o si la víctima sufre grave daño en su salud.

El Instituto contra la trata de personas será un órgano de desconcentración máxima rector y coordinador del Plan nacional contra la trata de personas, con personería jurídica, adscrito al Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública.

Entre sus funciones estará proponer, dirigir, impulsar, coordinar y supervisar la elaboración, seguimiento, actualización y ejecución del Plan nacional contra la trata de personas.

Deberá recomendar la suscripción y ratificación de acuerdos, convenios o tratados y otras gestiones que se requieran para fortalecer la cooperación internacional contra la trata de personas.

Además coordinar los procesos de revisión de los acuerdos y convenios internacionales que Costa Rica haya suscrito en materia de derechos humanos, así como los relacionados con la trata de personas, para dar seguimiento a su adecuado cumplimiento.

Brindar asistencia técnica a organismos, públicos y privados, que desarrollen programas, proyectos o cualquier otro tipo de actividades de prevención, atención y protección a las víctimas de la trata de personas, previa coordinación con las instituciones rectoras involucradas al efecto.

Con respecto del Sistema nacional de información sobre trata de personas será un instrumento de recolección, procesamiento y análisis de información estadística y académica sobre características y dimensiones de la trata interna y externa en Costa Rica.

Servirá de base para la formulación de políticas, planes estratégicos y programas y para medir el cumplimiento de los objetivos trazados en la política nacional. El Instituto creará, desarrollará, coordinará y mantendrá la operación de dicho Sistema por medio de la Dirección General y la Unidad de Información y Análisis.

Para ello, recogerá y sistematizará la información que suministren las distintas unidades y entidades que integran el Instituto y los resultados de las investigaciones académicas, sociales, judiciales y criminológicas.

La noticia es de TicoVisión