Hace pocos días, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos divulgó su decisión sobre la Ley de Inmigración del Estado del Arizona (SB-1070). Parte de la ley fue anulada, pero la parte que se mantuvo pone en riesgo los derechos de los inmigrantes y promueve la discriminación racial. La organización internacional Human Rights Watch defiende que el Congreso se empeñe en una reforma migratoria que obedezca las leyes ya sancionadas sobre migración y acabe con los abusos contra los inmigrantes.

La organización cree que inclusive con los cambios en la Ley SB-1070, las familias de inmigrantes de Arizona y de otros estados continuarán expuestas a abusos por parte de las autoridades locales, dado que se mantuvo la disposición que exige a los policías verificar el estado migratorio de un hombre o mujer en caso de que haya una "duda razonable” de que la persona se encuentre en el país sin autorización.

"La decisión de la Corte Suprema podría permitir que se cometan los mismos abusos contra inmigrantes que hemos observado en otros estados donde existen leyes similares. La Corte afirmó que es muy pronto para conocer los daños que esta disposición pudo haber causado, pero el daño de una disposición similar en Alabama es completamente claro”, aseveró Grace Meng, investigadora sobre Estados Unidos de Human Rights Watch.

En Alabama, la ley HB 56, similar a la Ley Arizona, provocó un aumento en la cantidad de incidentes de persecución discriminatoria por parte de autoridades del Estado y también por parte de particulares que se sentían incentivados por la legislación, reveló la organización en el informe "Vivir sin dignidad”, publicado en 2011.

Human Rights Watch asegura que es común que el sistema federal de inmigración de Estados Unidos no cumpla con los patrones de derechos humanos, como por ejemplo, en situaciones de detención segura para los inmigrantes y negación de acceso a la justicia para inmigrantes víctimas de delitos.

Esto ocurre a pesar de que el país ha ratificado, en 1994, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, que exige que el gobierno federal y los gobiernos locales aseguren la vigencia de políticas de inmigración que no provoquen discriminación por motivo de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico.

En lugar de permitir la aprobación de "un entramado confuso de leyes inmigratorias” en los estados, Human Rights Watch pide que Estados Unidos se empeñe en una reforma migratoria nacional y efectiva.

"El Congreso de Estados Unidos debería actuar sin demora para sancionar una reforma migratoria exhaustiva que impida los abusos cometidos en el marco de las leyes sobre inmigración que ya han sido sancionadas y otras que se adopten en el futuro”, indicó Human Rights Watch.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com