17.02.12 - México
Las víctimas invisibles de la guerra contra las drogas
Laura Carlsen
Adital

Hay muchas clases de guerra. La imagen clásica de un soldado uniformado despidiéndose con un beso de su mamá para arriesgar su vida en el campo de batalla ha cambiado dramáticamente. En las guerras de hoy, es más probable que la mamá será la que pierda la vida.

El Programa de Desarrollo de la ONU declara que para mediados de la década de 1990, 90% de las bajas de guerra eran civiles– en su mayoría mujeres y niños.

La guerra contra las drogas en México es un buen ejemplo de las nuevas guerras sobre poblaciones civiles que borronean las líneas entre combatientes y ponen a sociedades enteras en la línea de fuego. De las más de 50.000 personas muertas por la violencia relacionada con esta guerra, la vasta mayoría son civiles.

El Presidente Calderón afirma que 90% de las víctimas estaban relacionadas con carteles de las drogas. Pero, ¿cómo lo sabe?

En un país donde sólo 2% de los crímenes son investigados, juzgados y sentenciados, el gobierno sacó esta cifra de la manga. No hay informe oficial sobre por qué estos miles fueron asesinados. Cuando sus cuerpos son encontrados en tumbas masivas sin marcas, nadie ni siquiera sabe quiénes eran. Con violencia como norma, las ejecuciones pueden –y lo hacen- buscar como objetivos a líderes de origen popular, defensores de derechos humanos, pueblos indígenas, y juventud rebelde, bajo el manto de la guerra contra el narcotráfico.

No Simple Homicidio

Hay también bajas de guerra más allá del conteo de cuerpos. El número de homicidios no cuenta a los desaparecidos, los miles cuyos cuerpos –muertos o vivos- nunca son encontrados, nunca son contados. Y oculta la mutilación de vidas causadas por "daños colaterales”: la pérdida de seres queridos, familias desplazadas, daños físicos y sicológicos permanentes, huérfanos y viudas, abuso sexual, vidas vividas en temor.

Estos costos caen principalmente sobre los hombros de las mujeres –madres, hijas y hermanas – que son dejadas a cargo de la casi imposible tarea de buscar respuestas y reparación en un sistema de justicia superado por la violencia e infestado por la corrupción. A menudo son re-victimizadas por agencias gubernamentales que las ignoran, las rechazan o las hostigan cuando exigen justicia.

"Los familiares al exigir la búsqueda de nuestros hijos, enfrentamos a amenazas de todo tipo…la pérdida de patrimonio, el aislamiento familiar,” dijo Aracelli Rodríguez, una madre cuyo hijo, un joven policía, fue desaparecido en su trabajo. Dice que después de "2 anos, dos meses y seis días de su desaparición”, la Policía Federal donde estaba adscrito se niega a darles información, "La realidad es que solo tenemos palabras y papeles.”

"Me despierto y descubro que no es una pesadilla, que su ausencia es real y la impunidad también es real.”

Es raro escuchar las voces de las mujeres que cargan con los altos costos de la guerra contra las drogas. Su dolor no sale en los encabezados. Algunas necesitan anonimato para permanecer vivas. A muchas se les ha concedido medidas precautorias por parte del gobierno u organizaciones internacionales de derechos humanos, debido a las extremas amenazas que enfrentan.

Contando historias

A pesar de estas dificultades, unas 70 mujeres contaron sus historias entre lágrimas y temores en la Ciudad de México el 22 de enero. La reunión citada por iniciativa de las Mujeres Nobel reunió una delegación internacional conducida por la ganadora del Premio Nobel de la Paz Jody Williams, con mujeres mexicanas víctimas de la violencia y defensoras de los derechos humanos.

Por las estadísticas incompletas, las mujeres constituyen una proporción relativamente pequeña de los asesinados en México, pero son la mayoría de ciudadanos que denuncian desapariciones, asesinatos y violaciones de los derechos humanos. Trabajan en las primeras líneas de defensa de las comunidades y derechos humanos, y por sus esfuerzos se convierten en blancos ellas mismas. En México, seis prominentes mujeres defensoras de los derechos humanos han sido asesinadas en los dos últimos años.

El último reporte del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU reconoció que las amenazas y especialmente "explícitas amenazas de muerte contra mujeres defensoras de los derechos humanos son una de las más importantes formas de violencia en la región, con más de la mitad procedentes de Latino América, la mayoría de las cuales (27) son de México”.

A veces son los carteles de la droga que buscan acallar a mujeres activistas. Pero un reciente estudio de las mujeres mexicanas defensoras de los derechos humanos reveló que ellas citan al gobierno (nacional, estatal y local) y a sus fuerzas de seguridad como responsables en 55% de casos de violencia y amenazas de violencia a defensoras. Entre los funcionarios gubernamentales encargados de la seguridad pública y la justicia, encuentran indiferencia, y a veces hasta amenazas de muerte y ataques. Una defensora de los derechos humanos de la mujer del estado de Coahuila explicó que buscar a un ser querido desaparecido implica "siempre tener que estar en el infierno de las instituciones, y ver la penetración de las instituciones del Estado con la propia delincuencia.”

La violencia de género, incluyendo feminicidio, se ha elevado alarmantemente en el contexto de la violencia general. El número de feminicidios en Chihuahua desde que se lanzó el Operativo Conjunto del ejército ha aumentado a 837 durante el período 2008-junio del 2011, es decir, casi el doble del total de feminicidios registrados entre 1993-2007. Las defensoras de reportan que la vasta mayoría de las amenazas y actos de violencia contra ellas incluyen violencia sexual.

No más callados

Olga Esparza, cuya hija Mónica desapareció en Ciudad Juárez en 2009, explica entre lágrimas que al gobierno simplemente no les importa. "Somos nosotros los que tenemos que llevar a cabo las investigaciones, con nuestros propios recursos”. Ella agrega que los funcionarios de gobierno a menudo responden a su dolor con insultos. "Ellos dicen que a lo mejor se ha ido con el novio, o que es prostituta o drogadicta”. En su caso, como en muchos otros, no hay investigación, ni resultados, ni justicia.

Otra mujer describió cómo su trabajo con comunidades indígenas llevó a que fuera violada y torturada por agentes policiales. Ella sigue viviendo en el terror debido a amenazas contra su vida y su familia.

Alma Gómez, del Centro por los Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua resumió lo que ella ve en el Centro, "Las mujeres son las víctimas invisibles riesgo ocupación militar y policiaca, violaciones tumultario por uniformados sin denunciar. Detenciones arbitrarias, buscando en encargados de los enfermos… Mitad de denuncias contra militares. Las mujeres son las víctimas invisibles, siempre estamos en riesgo en esta ocupación militar y policial. Sabemos de violaciones tumultuarias por uniformados sin denunciar, detenciones arbitrarias, mujeres que día tras día pasan buscando entre los cuarteles y las morgues a sus hijos, padres, esposos… Somos el botín de guerra en esta guerra que no pedimos y no queremos”.

La palabra "víctima” es realmente errónea para estas mujeres. Araceli Rodríguez explica, "En esta lucha por encontrar a mi hijo, me uní al Movimiento para la paz con Justicia y Dignidad. Aprendí que mi dolor lo puedo trasformar en una fuerza colectiva y así juntos ayudar a más personas tener voz a que se sepan poderosas para defender sus derechos”.

Valentina Rosendo, una mujer indígena me’phaa del Estado de Guerrero fue violada por soldados y llevó su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ella resume la razón para participar en el foro de la Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel: "Es muy dificl alzar la voz, pero es mas doloroso seguir callada.”

[Fuente: Cipamericas - Traducción: María Luisa Etchart].

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