En México piden a diputados suspender discusión de ley de variedades vegetales porque atenta contra pueblos indígenas

Pide el Foro Permanente de la ONU a Cámara de Diputados suspender la discusión del Dictamen de la Minuta que reforma la Ley Federal de Variedades Vegetales, porque atenta contra los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Solicitan consulta para obtener el Consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas de México sobre esta medida legislativa.

A esta petición se suman representantes de organizaciones científicas, campesinas, de derechos humanos y ambientales; y ciudadanos.

En su argumentación exponen que el Dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Variedades Vegetales publicado por la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LXI Legislatura atenta contra la agricultura tradicional y fortalece organismos genéticamente modificados.

En términos generales:

1. Tanto en el procedimiento seguido en su aprobación, como por su contenido, la Minuta y por ende, el Dictamen son improcedentes. Se contraviene derechos que se encuentran reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internaciones en materia de derechos humanos, que tienen rango constitucional.

2. En cuanto al procedimiento, ni en el Senado se llevo a cabo, ni en la Cámara de Diputados se está realizando, la consulta previa e informada a los pueblos indígenas y comunidades campesinas a que están obligado los poderes públicos. El artículo 2 del Convenio 169 de la OIT, señala que los gobiernos deberán proteger los derechos y garantizar el respeto a la integridad de los pueblos indígenas.

En los artículos 6, 7 y 15 el mencionado Convenio exhorta a los Estados para que consulten con los pueblos indígenas las cuestiones relativas al desarrollo, las tierras y los recursos.

Asimismo, la declaración Americana sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas de la OEA, dispone que los pueblos indígenas tienen derecho de determinar y elaborar prioridades y estrategias de desarrollo, así como del aprovechamiento de sus recursos naturales, y el derecho de que el Estado obtenga su consentimiento antes de aprobar algún proyecto que afecte sus territorios.