Una serie de vertiginosos y cruciales hechos se desataron en el escenario político peruano en vísperas de las fiestas de fin de año, que encuentran un eje central en la crisis planteada por la resistencia al proyecto minero Conga, la salida del gabinete Lerner y la entrada del nuevo gabinete Valdés.
Ha habido más reacciones que análisis, predominando los personalismos, desde los extremos de quienes hacen valer sus reales, magnificados o supuestos "aportes cruciales” para la victoria electoral del actual gobierno, decepcionados por ser desalojados de puestos en el Estado, hasta el de quienes han visto la oportunidad de pretenderse como supuestos "comisarios” de "lealtad”, léase incondicionalidad, al gobierno, a pesar de que algunos de ellos –no todos, claro- se hayan sumado sólo a última hora a la victoria electoral, y de que su salario estatal ponga en duda tanta reciente "lealtad”.
Algunos de quienes han intentado análisis más desapasionados se han extraviado en las dificultosas clasificaciones ideológicas y/o identitarias en las que quedaría o no el gobierno tras sus zigzagueantes medidas, que si es de derecha o si de izquierda, y si la izquierda debió y debe o no seguir apoyando el proceso de cambios que el gobierno ha representado para la mayoría de la población. Un debate que sin ninguna duda no interesa al 99% de la población del país que hace la política real, además de que el propio liderazgo del gobierno y su opción política, el Presidente Ollanta Humala, señaló hasta al cansancio, públicamente y desde de siempre, que no le interesaba para nada. Lo cual permitiría explicar por qué es él, y no quienes se enredan en esas cuestiones ideológicas e identitarias superadas por el interés de la inmensa mayoría de la población, quien logró liderar el proceso político.
Pero el hecho de que la política real, es decir de mayorías, en el siglo XXI, simplemente no gira en torno a debates ideológicos e identitarios de derecha e izquierda, no quiere decir que entonces esa política de mayoría no tenga anclajes desde la cual ser pensada y activada. Todo el proceso político peruano de los últimos 20 años sólo es entendible desde su anclaje estructural y programático, hasta ahora el más ausente de los análisis y debates. El escenario sólo es comprensible como un momento de un proceso histórico, que se disputa programáticamente, y que exige responsabilidades a la misma escala.
El proceso de cambios estructurales que pide la realidad peruana, y que la propuesta del actual gobierno puso en buena medida como su programa para el país, es lo que de hecho la levantó como una alternativa de mayorías. ¿Qué alguna de esas propuestas programáticas pertenecen más o menos al ámbito tradicional de la izquierda? Por supuesto, es tan cierto como que en los últimos 20 años la izquierda las levantó sin lograr ni de lejos apoyo de mayorías. ¿Qué se mezclan programáticamente con propuestas que no son del ámbito tradicional de la izquierda, y que podrían no ser de ningún ámbito tradicional político? Claramente, y eso permite explicar porque hubo izquierda que no quiso y rechazó siempre a esta opción política y derecha que hizo lo propio con el carga montón más colosal de la historia. Y porque, al mismo tiempo, hubo izquierda y derecha que lo apoyaron. Por eso el camino del análisis ideológico y de identidad es tan inútil.
Es un hecho refrito en todos los análisis, el cambio del programa de la Gran Transformación hacia el de la Hoja de Ruta. La razón estructural, objetiva, de este cambio era la realidad irreductible de que el primero sólo concitaba a un tercio del electorado, y que con dos tercios en contra simplemente no había posibilidad de llegar al gobierno, y más claro aún, llegaría sin dudas la alternativa más definidamente dictatorial y ultra neoliberal, el fujimorismo.
Entonces se llegó a la situación actual de un gobierno, fruto de una opción de mayorías porque representa la necesidad estructural del Perú hacia la redistribución de la riqueza, el combate a la corrupción galopante, una nueva relación más equitativa entre la capital y las regiones, una democratización del sistema político hacia la inclusión, la recuperación de una política exterior soberana, especialmente sobre los recursos naturales, entre otros muchos puntos programáticos. Pero que a la vez, es posible como opción de gobierno únicamente incorporando puntos programáticos de garantía a los grandes negocios y poderes fácticos mediáticos e internacionales, que son en muchos casos difíciles de compatibilizar o derechamente antagónicos con los primeros.
Por eso es un gobierno que, de hecho, está en disputa. Las concesiones y combinados programáticos difíciles o contradictorios, que ha sido una necesidad impuesta por la realidad de la opinión de las mayorías, y no por el capricho del liderazgo como piensan quienes confunden deseos con realidad, está en riesgo de convertirse en virtud, por parte de quienes se sumaron a última hora a regañadientes a la alternativa electoral triunfante, o que perdieron, y ahora buscan co-gobernar desde el chantaje de los medios, y sinceramente desean que el proceso de cambios se aborte y frustre en un gobierno finalmente cooptado para no cumplir con las necesidades de cambio estructural reclamadas por el país. No sería la primera vez en la historia peruana que un discurso socialista y anti imperialista se mantiene esquizofrénicamente en las escuelas internas de un partido político que al mismo tiempo mantiene una práctica de administrador del orden neoliberal y pro imperial. Este es un riesgo potencial real, y por ello es tan importante la formación seria de cuadros y pueblos, para superar tanto el incondicionalismo sincero o interesado como las posturas fáciles e irresponsables con el proceso histórico.
En blanco y negro, entonces, cuál es el balance programático. Un cambio notorio y profundo, aunque silencioso, hacia la redistribución y los derechos sociales, que rompe con 20 años de dogma neoliberal intocable en contrario, y que incluso simbólicamente ha ganado, como diría Gramsci, el sentido común para la inclusión como objetivo nacional indiscutido. Aumento de salarios, recuperación de derechos laborales, garantía a los derechos de educación y salud para los excluidos, etc. Más significativo aún, se hace imponiendo nuevos impuestos, legítimos y largamente postergados, a las ganancias mineras, un triunfo en que el Ministro Lerner jugó un papel personal relevante. Junto a ello, la también silenciosa pero crucial industrialización del país, otro dogma intocable neoliberal que se viene abajo, con proyectos de empresas de petroquímicos, y la línea aérea de bandera nacional, por ejemplo. Y algo absolutamente decisivo, la Ley de consulta previa, cuyo coordinador fue significativamente el primer congresista amazónico en 200 años de república excluyente. Esto sólo justifica y con creces los esfuerzos multitudinarios y personales por lograrlo e impone la auto exigencia de seriedad y ponderación en el análisis.
Las debilidades, errores y riesgos son muchos y graves también, y, léase bien, la mayor muestra de "lealtad” al proceso y al gobierno es señalarlos. En primer lugar, la tentación represiva, repetición de las fracasadas políticas de los últimos 20 años, que pretende descalificar el descontento legítimo de mayorías con los proyectos mineros, como "manipulación de los rojos”. Medidas como la detención públicamente arbitraria de un dirigente social, o el congelamiento de cuentas de un gobierno regional, sólo favorecen el descontento y la desconfianza de sectores más amplios, incluyendo a sectores del propio gobierno y su coalición, y regalan justificación a grupos normalmente insignificantes de la política peruana. Las declaraciones impresentables de una Ministra, que al consultarle sobre la opción de aborto en casos de violación responde "que no porque después se impone el amor sobrenatural” al hijo, o que se rige por el "plan de dios”, entre otras perlitas, sólo dañan la imagen del gobierno, incluso internacionalmente, además de plantear contradicciones con la política presidencial, por ejemplo, en permitir o no la píldora del día después, una de las razones esgrimida para deshacerse del gabinete Lerner. Las declaraciones públicas del Presidente en el sentido de "garantizar” públicamente que ningún comando Chavín de Huántar será sancionado por el poder judicial, y de hablar de "guardianes socráticos”, "más allá del bien y del mal”, puede entenderse como política para ganar el apoyo decisivo del ejército, pero a un costo grave y aún contradictorio, sembrando dudas sobre el respeto al poder judicial, que en todo caso, es el único llamado a decidir si un ciudadano, sea o no comando, debe ser sancionado por violar la ley, al tiempo que pone peligrosos discursos simbólicos de impunidad a los funcionarios públicos armados respecto del resto de ciudadanos y de los poderes democráticos del Estado, que quien sabe podrían volverse contra el mismo gobierno más adelante. Finalmente, una política internacional desestructurada, en la que parece querer repetirse la fórmula interna, estar bien con todos y no quedar mal con nadie, un imposible político que siempre, como muestra inequívocamente la experiencia histórica, se termina pagando demasiado caro. Mantener inexplicablemente al Perú en el "Arco del Pacífico” bloque claramente ideológico neoliberal y antagónico a los procesos estratégicos como el de UNASUR, en el que también se permanece, es un ejemplo.
En la Mega Comisión, así como en la imprescriptibilidad de delitos por corrupción, dos proyectos a medio lograr o frustrar, se juega una de las banderas programáticas más decisivas para este proceso y gobierno, y ya está claro que no podrán lograrse sin abandonar la idea de que se puede hacer sin chocar con poderosos intereses antagónicos. Lo mismo vale para la impresentable deuda de Telefónica al Estado y otros muchos temas a medio camino, en disputa.
Ciertamente, para todo, falta tiempo y mucho, los acontecimientos y las líneas políticas están en marcha y eso es lo decisivo que ha logrado el pueblo peruano y su expresión política en el gobierno. No es serio esperar definiciones taxativas en apenas cinco meses. El escenario es difuso, hay incertidumbres y muchas cosas están de hecho en disputa. La pose de la "certeza total en todo momento” es uno de los viejos vicios desprestigiados a los ojos de las mayorías y con toda razón. Necesariamente hay que esperar a que se desarrollen y muestren con más claridad los hechos y los procesos, de manera concluyente.
En resumen, la gran transformación es un proceso programático histórico, que responde a necesidades objetivas, estructurales, de la realidad peruana, pero que está mediado y/o bloqueado por el peso en la opinión de las mayorías de los poderes fácticos económicos y mediáticos que buscan frustrarlo, mientras los sectores más excluidos y afectados buscan hacerlo avanzar, en medio está el gobierno hijo y expresión de esas contradicciones objetivas, avanzando con aciertos decisivos y errores graves, con oportunidades y riesgos. Pero claramente, avanzando sobre lo que se tenía, aunque no en las formas y ritmos que muchos quisiéramos, pero que son los que hasta ahora hemos podido lograr. Quizás lo más preocupante es la desconfianza y hasta el encono que pretende imponerse en las esferas del poder gubernamental hacia la movilización y protesta legítima ciudadana. Y la manera que se interactúe con ella determinará buena parte del rumbo que en la actual etapa tendrá este proceso de cambios históricos en marcha. En esa disputa todos podemos y debemos intervenir responsablemente.